Es la política de Avalon (en adelante, “la Empresa”) prohibir y perseguir activamente la prevención del lavado de dinero y cualquier actividad que facilite el lavado de dinero o la financiación de actividades terroristas o criminales. La Empresa requiere que sus funcionarios, empleados y afiliados cumplan con estos estándares para prevenir el uso de sus productos y servicios con fines de lavado de dinero.

A los efectos de esta Política, el lavado de dinero se define generalmente como la realización de actos diseñados para ocultar o disfrazar los verdaderos orígenes de los ingresos derivados de actividades criminales, de modo que los ingresos ilícitos parezcan provenir de orígenes legítimos o constituyan activos legítimos.

Generalmente, el lavado de dinero ocurre en tres etapas. El efectivo ingresa primero al sistema financiero en la etapa de “colocación”, donde el efectivo generado a partir de actividades criminales se convierte en instrumentos monetarios, como giros postales o cheques de viajero, o se deposita en cuentas en instituciones financieras. En la etapa de “capa”, los fondos se transfieren o mueven a otras cuentas o a otras instituciones financieras para separar aún más el dinero de su origen criminal. En la etapa de “integración”, los fondos se reintroducen en la economía y se utilizan para comprar activos legítimos o para financiar otras actividades criminales o negocios legítimos. La financiación del terrorismo puede no involucrar los ingresos de conductas criminales, sino más bien un intento de ocultar el origen o el uso previsto de los fondos, que más tarde se utilizarán con fines delictivos.

Cada empleado de la Empresa, cuyas funciones estén asociadas con la provisión de productos y servicios de la Empresa y que trate directa o indirectamente con la clientela de la Empresa, se espera que conozca los requisitos de las leyes y regulaciones aplicables que afectan sus responsabilidades laborales, y será el deber afirmativo de dicho empleado llevar a cabo estas responsabilidades en todo momento de una manera que cumpla con los requisitos de las leyes y regulaciones pertinentes.

Las leyes y regulaciones incluyen, pero no se limitan a: “Debida Diligencia del Cliente para Bancos” (2001) y “Guía General para la Apertura de Cuentas e Identificación de Clientes” (2003) del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Cuarenta + nueve Recomendaciones para el Lavado de Dinero del GAFI, Ley del Patriota de EE. UU. (2001), Ley de Prevención y Supresión de Actividades de Lavado de Dinero (1996).

Para asegurar que esta política general se lleva a cabo, la administración de la Empresa ha establecido y mantiene un programa continuo con el propósito de asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes y la prevención del lavado de dinero. Este programa busca coordinar los requisitos regulatorios específicos a lo largo del grupo dentro de un marco consolidado para gestionar efectivamente el riesgo del grupo de exposición al lavado de dinero y la financiación del terrorismo en todas las unidades de negocio, funciones y entidades legales.

Cada uno de los afiliados de la Empresa está obligado a cumplir con la política de AML y KYC.

Todos los documentos de identificación y registros de servicios deberán conservarse durante el período mínimo requerido por la ley local.

Todos los nuevos empleados recibirán capacitación en lavado de dinero como parte del programa de capacitación obligatoria para nuevos contratados. Todos los empleados aplicables también están obligados a completar la capacitación de AML y KYC anualmente. La participación en programas de capacitación adicionales dirigidos es requerida para todos los empleados con responsabilidades diarias de AML y KYC.